PSICOANÁLISIS LACANIANO

UNA DERIVA LIBERTICIDA

Por Patricia Bosquin-Caroz

2025/11/18

La enmienda recientemente presentada, que pretende excluir cualquier orientación psicoanalítica de la financiación pública, está inspirada en las recomendaciones de la Alta Autoridad de Salud de Francia (HAS) y asume plenamente los argumentos de la Medicina Basada en la Evidencia, que se centra en la llamada «evidencia» científica. Este argumento merece varios comentarios.

Una visión administrativa desconectada del terreno

Los cargos electos detrás de este tipo de medidas suelen no tener experiencia en el terreno ni formación en salud mental. Se basan en notas de los ponentes basadas en informes administrativos que están lejos de las prácticas reales y redactadas sin la más mínima consulta con los actores del sector de la atención: médicos, psiquiatras, psicólogos, etc.

Estos informes ignoran sistemáticamente la experiencia clínica y se basan exclusivamente en evaluaciones cuantitativas.

Sin embargo, el enfoque psicoanalítico por naturaleza escapa de estos modos estandarizados de evaluación. Por eso algunas personas buscan regularmente excluirlo de los llamados enfoques «recomendados».

Durante dos décadas, el campo de la salud mental ha tenido que lidiar con la omnipresencia de una lógica gerencial que impone estándares cuantitativos de eficacia en detrimento del verdadero bienestar de los pacientes.

Una deriva autoritaria que reduce la diversidad de enfoques terapéuticos

La enmienda destierra injustificadamente el enfoque psicoanalítico y, con él, la diversidad terapéutica garantizada por el Código de Salud Pública.

Éste protege en particular:

– la libre elección del paciente

– la obligación de adaptar la atención a cada persona

– acceso igualitario a la atención

Los cargos electos son perfectamente conscientes de que las terapias cognitivo-conductuales (TCC) son terapias breves y que no cubren todas las enfermedades mentales.

Algunas condiciones requieren cuidados largos, complejos y en evolución, lo cual es incompatible con un único modelo protocolizado.

Eliminar toda presencia institucional de la orientación psicoanalítica sería enviar pacientes que necesitan seguimiento a largo plazo al sector privado, sin posibilidad de reembolso.

En este caso, los más pobres simplemente serían excluidos de los cuidados.

Lejos de reducir costes, esta enmienda conduciría a un considerable empobrecimiento de la oferta y, a largo plazo, a un aumento del gasto público:

– desgloses posteriores,

– uso de emergencias,

– reorientación sistemática hacia cursos más caros.

Un ataque directo a la libertad y un riesgo de politización de la salud mental

Francia ha construido su política de salud mental sobre un principio fundacional: no debe imponerse un único modelo desde arriba.

Es un principio de prudencia, pero también un principio democrático esencial.

Votar a favor de esta enmienda equivaldría a avanzar hacia un modelo único, como vemos en algunos países (especialmente el Reino Unido), donde una estandarización excesiva ha empobrecido la prestación de atención.

Esta enmienda altera un valioso equilibrio y reaviva un conflicto ideológico que se había calmado en los últimos años, aquel que permite que coexistan diferentes orientaciones en los centros sanitarios: psicoanalítica, psicodinámica, sistémica, cognitivo-conductual, etc.

Es este pluralismo el que garantiza la libertad de elección de los pacientes y la verdadera calidad de la atención.

Se ha dado un paso: ¡interdicción!

Restringir esta diversidad está debilitando la propia democracia sanitaria. Con esta enmienda, se ha dado un paso más —y sin precedentes— que pasamos de la falta de recomendaciones a una prohibición real.

Conclusión

Esta enmienda no supondría ahorros ni mejoras en la calidad de la atención.

Al contrario, introduciría:

– una reducción peligrosa en la oferta terapéutica,

– una violación del principio de igualdad,

– una politización sin precedentes de la salud mental,

– y un empobrecimiento de la atención en detrimento de los pacientes.

Por todas estas razones, es esencial que los funcionarios electos midan el alcance de este texto y renuncien a una medida que debilitaría nuestro sistema de salud mental a largo plazo.