PSICOANÁLISIS LACANIANO

CARTA DE LA PRESIDENTE DE LA ECF A LOS DIPUTADOS Y SENADORES

París, 18 de noviembre de 2025

Señoras Senadoras, Señores Senadores,

Señoras Diputadas, Señores Diputados

La enmienda redactada el 14 de noviembre de 2025, propuesta por los senadores Guidez, Jacquemet, Vermeillet y el senador Canévet como parte del proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social para 2026, que exige que «a partir del 1 de enero de 2026, la atención, los actos y servicios que se consideren psicoanalíticos o basados en fundamentos teóricos psicoanalíticos ya no den lugar a reembolso,  ni a la participación financiera del seguro de salud», presenta un peligro considerable para los ciudadanos que ambas Cámaras están comprometidas a proteger. En nombre de una ideología cuya coherencia se debe únicamente a su abierto odio al psicoanálisis, constituye un ataque flagrante contra ella.

Muchos profesionales en instituciones públicas eligen las contribuciones del psicoanálisis para orientarse en su práctica. No todos. La libre elección de profesionales y pacientes sigue siendo esencial para mejorar la prestación de atención. Es con una negación prodigiosa que la enmienda afirma no afectar la «libertad de elección de los pacientes» ni la «libertad de ejercicio de los profesionales», cuando indica muy claramente que esas libertades son exactamente lo que pretende prohibir. Además, esta medida, si se adopta, alteraría todo el sistema público de salud mental (hospitales psiquiátricos, centros médico-psicológicos (CMP), centros médico-psicopedagógicos (CMPP), hospitales diurnos, institutos terapéuticos, educativos y pedagógicos (ITEP), institutos médico-educativos (IME), etc.), dejando a niños, adolescentes y adultos en gran sufrimiento sin atención que, en el mejor de los casos, saturarían los servicios de emergencia,  en el peor de los casos, tendría graves consecuencias para sus vidas y las de sus conciudadanos. Lo que se presenta como una reducción de despifarro tendría obviamente consecuencias costosas para la nación.

Sin ningún argumento que lo justifique, esta enmienda sacaría el psicoanálisis del campo de la salud mental pública donde está establecido —incluido legalmente[1]— y donde sigue demostrando su valía. Para afirmar formar parte de la Alta Autoridad de Salud (HAS), esta enmienda no se basa en ningún rigor científico. Durante veinte años, los opositores al psicoanálisis han estado reciclando un informe de INSERM de 2004 cuyos sesgos han sido demostrados. Los estudios contemporáneos que se someten a los criterios científicos más rigurosos (ensayos aleatorizados, metaanálisis) muestran la eficacia del psicoanálisis a corto y largo plazo para casi todos los trastornos. Se presenta como equivalente a otras formas de psicoterapia, en particular las terapias cognitivo-conductuales (TCC). Aunque muchos países reconocen el psicoanálisis como una oferta válida de atención entre otras, ¿cómo podrían los senadores ignorar la importancia de estos estudios internacionales?

Lo que distingue los enfoques orientados por el psicoanálisis radica en que no pretenden devolver a los sujetos a una supuesta norma reeducándolos, sino que les permiten encontrar el camino de su singularidad en un vínculo de palabra. Ésta es una cuestión ética para los practicantes que se orientan con este discurso.

Al querer negar el rembolso de todas las prácticas orientadas por el psicoanálisis, esta enmienda revela una flagrante ignorancia sobre la verdadera organización de la atención a la salud mental en Francia. Contrariamente a lo que sugieren los redactores de la enmienda, el psicoanálisis no es una práctica marginal reservada a unas pocas consultas privadas. La orientación analítica está presente en una parte muy significativa de los lugares donde se sitúa el sufrimiento psíquico. Por tanto, la enmienda no solo afecta a prácticas concretas: amenaza la organización general del sector psiquiátrico público, que ya está debilitado por años de infrainversión y escasez de personal. ¿La enmienda afirma basarse en la racionalidad económica? Su aplicación causaría desastres que serían muy costosos, tanto humana como financieramente.

Bajo el pretexto de «racionalizar el gasto público», este texto pretende imponer una visión única de la salud mental y desea deslegitimar todo lo que la menosprecie. Por tanto, es un principio totalitario el que manifiesta un deseo de normalización y empobrecimiento. Designando a profesionales que utilizan el psicoanálisis como desperdiciadores de fondos públicos, cuestiona la libertad de práctica de los clínicos, la libertad de elección de los pacientes y la pluralidad de sistemas de referencia terapéutica que, sin embargo, responden a la complejidad de la psique humana que ninguna palabra clave puede reducir o contener salvo aplastarla.

Aunque la Caja Nacional de Seguro de Salud nunca ha reembolsado actas de psicoanálisis, sí reembolsa, financia o cofinancia las actas de psiquiatras y psicólogos o instituciones que emplean a este personal para quienes la referencia al psicoanálisis es esencial. Pero mientras estos profesionales (que están en formación continua y certificada) acompañan a diario a quienes sufren entre nuestros conciudadanos —y en particular, muy regularmente, a los gravemente traumatizados (como ocurrió tras los atentados del 13 de noviembre o en ciertos hospitales militares franceses)—, de repente se querría eliminar ese enfoque. Suponiendo que esto solo sea posible sin poner en peligro todo el sistema sanitario francés y dejar a los más frágiles de nuestros conciudadanos al margen (algunos de los cuales pueden volverse peligrosos para sí mismos o para otros cuando ya no reciben atención), ¿cómo se haría esto en la práctica? ¿Hay una caza de brujas? ¿Exigiríamos la autodenuncia y dimisión de este personal? ¿Quitaríamos el título de médico a los psiquiatras que se orientan hacia el psicoanálisis cuando sabemos cuántos pocos hay para satisfacer esas necesidades? Y a partir de ahí, ¿también decidiríamos, lógicamente, que es apropiado prohibir la enseñanza del psicoanálisis en los departamentos universitarios de psicología y en otros ámbitos? ¿Relegaríamos esta ilustre disciplina, que documenta abundante y rigurosamente sus resultados, al rango de práctica esotérica?

Entre las figuras más importantes de la cultura —ya sean artistas, científicos, escritores, investigadores, médicos, actores, abogados, periodistas, etc.— muchos son quienes han hecho público lo que deben al psicoanálisis, y muchos son quienes han dado testimonio de que lo deben a sus vidas. ¿Querríamos privar a los más pobres de nuestros conciudadanos de esta valiosa guía alegando que no tienen los medios para reclamarla? El asunto no es sólo un asunto de salud pública, sino también una cuestión de libertad e igualdad, es decir, de democracia.

La Escuela de la Causa Freudiana es una asociación reconocida de utilidad pública desde 2006. Obtuvo este reconocimiento, en particular, por la influencia del psicoanálisis francés que ejerce en Europa y en el mundo. Es mi deber alertarles sobre los peligros que esta enmienda supone para el pueblo francés. En nombre de la Escuela de la Causa Freudiana, les pido que retiren esta enmienda ideológica y engañosa, que me gustaría creer que fue redactada en ignorancia de los problemas que exponemos aquí.

Al agradecerles, senadores, miembros del Parlamento, expreso mi más alta consideración.

Anaëlle Lebovits-Quenehen

Presidente de la Escuela de la Causa Freudiana,

Asociación reconocida como de utilidad pública

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[1] Y en particular el artículo 52 de la Ley 2024-806 de 9 de agosto de 2004 sobre el uso del título de psicoterapeuta.