Política de Psicoanálisis y Legislación sobre Autismo: Situación en Argentina – Por Silvia Elena Tendlarz – 2018-04-07

POLÍTICA DE PSICOANÁLISIS Y LEGISLACIÓN SOBRE AUTISMO: SITUACIÓN EN ARGENTINA

Intervención en el Foro Internacional de Autismo y Política[1]

Por Silvia Elena Tendlarz

Barcelona, 7 de abril del 2018


Bueno, antes que nada, agradezco la invitación para participar en este foro. Nunca había estado en un foro de autismo. Me parece una experiencia a tomar en cuenta para nuestros países latinoamericanos. Titulé a mi trabajo Política de psicoanálisis y legislación sobre autismo: situación en Argentina.

Las legislaciones en relación con el autismo involucran cuestiones diagnósticas, tratamientos, sistemas de prestaciones y régimen de capacidad. Si bien las leyes de autismo conciernen a los sujetos autistas en general, luego, en la medida en que se produce el pasaje hacia la adultez, interviene el código civil, incluyendo la reflexión en torno a las capacidades jurídicas. Antes de que existiera en Argentina una ley específica sobre autismo, los autistas quedaban englobados en una ley de discapacidad sancionada en 1981 y no en salud mental. En el año 1997, se sancionó y se puso en vigencia una ley que regulaba las prestaciones médicas de discapacidad, pero que resultó ineficaz puesto que mantenía un vacío en el cumplimiento de las prestaciones. La discusión se centraba en que si se aplicaba el uso exclusivo de la cartilla de la obra social o si se usaba un sistema de reintegro. El problema no era menor puesto que si se quedaba en un sistema cerrado, no tenían garantías de encontrar profesionales que se ocuparan de autistas y aún menos de la orientación buscada. El reclamo de entonces pone de manifiesto que la libertad de elección es un derecho que no debe faltar de acuerdo a la afinidad particular de los sujetos autistas y de sus padres.

En el año 2006 fue aprobada la convención de los derechos de las personas con discapacidad en las Naciones Unidas que entró en vigencia en el año 2008. Es considerada como el primer tratado de los derechos humanos del siglo XXI, con jerarquía constitucional en Argentina, que fue adoptada inmediatamente ese mismo año y trataba de proteger la igualdad, el derecho, y la libertad de las personas con discapacidad. Acentúa la necesidad que las personas involucradas queden incluidas en las resoluciones que se tomen para ellos. Es el principio: “De nada sobre nosotros sin nosotros” que como lo indica la autora Paola Geronche, que es abogada y madre de un joven autista: “Este principio va en contra de los procesos de segregación”.

Hace años, en una primera reunión internacional sobre autismo, en la cual estuvo presente también Éric Laurent, Judith Miller recordaba la importancia de promover asociaciones de padres que den cuenta del lugar que ocupa para sus hijos y sus familias los tratamientos psicoanalíticos porque esto permite también que puedan incluirse en este tipo de discusión.

En el año 2014, es aprobada la ley integral de autismo en Argentina, la ley 27000-043 que declara de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan TEA. Ahora bien, Argentina cuenta con 23 provincias federales. ¿Esto qué significa? Que cada una de ellas es independiente y puede tomar su propia posición en relación con la ley nacional de autismo. También las municipalidades sacan sus propias reglamentaciones e impulsas los diagnósticos y tratamientos en cada ciudad. Muchas provincias adhirieron a la ley nacional de autismo, dándole una orientación con un tinte neurocognitivo o acentuando una detección precoz en forma estandarizada. En esos pasos se encuentra Jujuy, Corrientes, La Rioja, Entre Ríos, Tucumán que son las provincias que se conocen como el norte del país y del litoral. Incluso, en el centro del país, la provincia de la Pampa. En el año del 2008 en la provincia de Santa Fe que está en el centro de la Argentina, se propuso una ley de autismo anterior a la ley nacional, que obtuvo media sanción en el año 2011. Ahora, el problema surgió ante la salida de la segunda mitad de la sanción puesto que se inclinó hacia una inclinación neurocognitiva exclusivamente medicamentosa. Entonces, la ley va a surgir en el 2015 adhiriéndose a la ley nacional, pero hubo una acción promovida por distintos profesionales, en los cuales se incluyen los psicoanalistas, que logró que no se reglamentaran los artículos de la ley con pregnancia neurocognitiva y que no se excluyeran los tratamientos multidisciplinarios. Es decir, lo que se busca siempre es la posibilidad de terapias relacionales donde también se puede incluir el psicoanálisis.

La ley de autismo de Río Negro, que está en el sur de la Argentina, del 2016, adhirió a la ley nacional de autismo y promulgó una ley provincial. En la Argentina, hay un Observatorio de Autismo y este observatorio permitió que se incluyera al psicoanálisis como terapéutica en la letra de la ley, que en principio sería casi inédito, pero que por ahora sigue sin reglamentarse. Y en Neuquen, la acción del Observatorio permitió que se modificara el artículo que proponía al M-CHAT como único método de pesquisa. En Ushuaia, que se la llama “El fin del mundo”, en junio del 2017 se promulgó la ley de autismo con la particularidad de incluir la posibilidad de distintos tratamientos, sin que necesariamente la medicación y rechazando el M-CHAT como método diagnóstico. En el sector de Puyo, que ya sería en la izquierda de la Argentina -dimos la vuelta-, en provincias como Mendoza y San Juan, existe un proyecto de revisión de la ley de autismo con leyes propias con la colaboración del observatorio.

Todos estos ejemplos dan cuenta de la diversidad que existe en Argentina en relación con las leyes y la inclusión del psicoanálisis como tratamiento posible del autismo. No todas las provincias toman como posibilidad al psicoanálisis, pero si pensamos en la situación de países como Estados Unidos o Canadá, esto ya es mucho decir.

En cuanto a los adolescentes y los adultos autistas, esta ley los concierne. Pero cuando el adolescente llega a los 18 años, adquiere la mayoría de edad. Y por lo tanto, puede revisar todos actos de la vida civil por sí mismo por lo que se incluye la cuestión de la capacidad jurídica. A partir de los 16, es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su cuerpo. Y entre los 13 y 16 años, se presume que el adolescente tiene aptitud para decidir por sí mismo respecto de sus tratamientos. Estas observaciones corresponden al cambio que se produjo con la modificación del Código Civil de la nación en el año 2015. Hasta entonces se consideraba que el discapacitado -a los autistas se los incluía como tales- era incapaz jurídicamente y era inhabilitado. Hasta entonces se consideraba que el discapacitado era incapaz jurídicamente y quedaba inhabilitado. La discapacidad era considerada como defecto al que el orden jurídico debía brindar una protección tutelar y rehabilitar era una insania. El cambio del Código Civil en el 2015 busca no inhabilitarlos y eso involucra también a los sujetos autistas. La restricción de la capacidad jurídica puede ser para determinados actos, sin que sea general. Se indica entonces en qué casos y para qué específicamente se necesita lo que la ley llamó “apoyos necesarios”, que ocupan el lugar del curador y se determina así su función. Se busca un régimen de asistencia para que se valgan lo más posibles por sí mismos, pero que al mismo tiempo se le restituya el pleno derecho jurídico, pero con la flexibilidad que se requiera sus necesidades específicas. La doctora Velasteguí, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán -a quien consulté acerca de esta ley-, indica que el trato del Código Civil a los niños y a los adolescentes representa un gran avance, como así para los sujetos con discapacidad en general. Pero que la capacidad jurídica progresiva, para los sujetos autistas que así lo requieren, es un desafío que los jueces irán resolviendo caso por caso, dependiendo en las posibilidades de cada uno con los sistemas de apoyo -que es el término de la ley- que le sean necesarios. Se busca así que el sujeto autista no se vuelvan el objeto de estudios médicos, de aprendizaje, o de cuidados jurídicos. La política del psicoanálisis es dirigirse siempre a un sujeto, escucharlo, respetar sus intereses específicos y posibilitar que logre desplazar su encapsulamiento autista de acuerdo con sus intereses específicos. Por eso es importante interactuar con las legislaciones para no cosificarlo en diagnósticos administrados en forma estándar, posibilitar la libre elección por parte de los padres de los tratamientos de sus hijos y finalmente, no olvidar que es un sujeto de derecho que es capaz de vivir la vida a su manera.

Muchas gracias.


[1] Transcrito por Patricio Moreno Parra.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s